Un reciente estudio elaborado por el economista Milton Ramayo para la Federación Rural (FR) revela que el sector productivo y los consumidores uruguayos enfrentan un sobreprecio en el gasoil que deriva en una transferencia directa al Estado de 100 millones de dólares cada año.
Según el informe de Ramayo, la brecha entre el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el precio de venta al público en el surtidor no solo responde a costos operativos, sino que funciona como un mecanismo de recaudación para las arcas del Gobierno (Rentas Generales).
El análisis destaca que esta diferencia de costos actúa como un «freno a la competitividad», afectando principalmente al agro, el transporte y la industria, sectores que dependen críticamente de este combustible.
- Monto de la transferencia: Se estima en 100 millones de dólares anuales.
- Origen del sobreprecio: La diferencia surge de componentes impositivos y tasas que se mantienen por encima de los valores internacionales de referencia.
- Impacto en la producción: El costo del gasoil en Uruguay sigue siendo uno de los más altos de la región, lo que encarece la logística y los costos fijos de las exportaciones.
Desde la gremial, se sostiene que estos fondos, que actualmente fluyen hacia el Estado para cubrir déficit o gastos generales, deberían permanecer en el circuito productivo para fomentar la inversión y el empleo. El estudio de Ramayo se presenta como una herramienta técnica para exigir una revisión en la metodología de fijación de precios de los combustibles.
