La reciente suba de naftas y gasoil llega en un momento crítico para el campo: el pico de la cosecha de verano y el inicio de la siembra de invierno. Mientras los costos operativos se disparan, la brecha de precios empuja con fuerza una transición que ya no parece tan lejana: la movilidad eléctrica.
El ajuste de combustibles que rige desde el 1.° de mayo no es solo un número en la planilla del Estado; es un costo directo en el motor de la economía. En estos momentos, el campo uruguayo se encuentra en una actividad frenética:
- Cosecha de verano: Se recolectan los cultivos de soja y maíz, procesos que demandan un uso intensivo de maquinaria y fletes.
- Siembra de invierno: Comienzan los trabajos para el trigo y la cebada, requiriendo una logística de preparación de suelos que depende exclusivamente del gasoil.
Desde gremiales como la Federación Rural, se ha advertido que este incremento reduce los márgenes de rentabilidad en un sector que ya viene castigado por la competitividad y el costo país. Al ser tomadores de precios internacionales para sus granos, los productores no pueden trasladar el aumento del gasoil al precio de venta, por lo que deben absorber el costo íntegramente.
Un punto de fricción recurrente en el sector es el fideicomiso del boleto. Productores rurales señalan que, mientras ellos pagan un gasoil encarecido para producir, parte de ese costo financia el transporte urbano de pasajeros.
Sin embargo, con el avance de los ómnibus eléctricos en las ciudades, este esquema empieza a ser cuestionado: si el transporte público deja de consumir gasoil, el peso del subsidio recae cada vez más sobre el productor rural, generando una asimetría que el sector pide revisar.
