Ánibal del Campo, analista de Agromedios
Un nuevo debate jurídico y político ha surgido en Uruguay tras conocerse que el actual presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), organismo clave en la gestión de tierras productivas del país, figura también como beneficiario de tierras colonizadas. La situación ha generado cuestionamientos sobre la compatibilidad de funciones y posibles conflictos de interés.
El Instituto Nacional de Colonización tiene como objetivo promover el acceso a la tierra para productores familiares, trabajadores rurales y jóvenes, mediante la asignación de predios bajo determinadas condiciones. Según su normativa, los colonos deben residir y trabajar directamente las tierras adjudicadas, lo que implica un fuerte compromiso operativo y ético.
La controversia comenzó cuando medios locales revelaron que el presidente del organismo, designado por el Poder Ejecutivo, figura en los registros oficiales como colono en actividad, es decir, como adjudicatario de tierras del propio INC. Esta doble condición ha generado interpretaciones encontradas.
Desde el oficialismo, se ha defendido la legalidad de la situación, argumentando que no existe una norma específica que impida a un colono ejercer cargos directivos dentro del Instituto, siempre que cumpla con los requisitos y no participe directamente en decisiones que lo afecten personalmente. “Estamos ante alguien con conocimiento de primera mano sobre la vida del colono, lo que puede enriquecer la gestión”, dijo una fuente del gobierno.
Sin embargo, desde la oposición y algunos sectores académicos se ha planteado que esta situación representa un claro conflicto de interés. “No se puede ser juez y parte. El presidente del INC debe mantener independencia frente a los procesos de adjudicación y supervisión de tierras”, afirmó una senadora del Frente Amplio.
El tema ha llegado incluso a la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento, donde se evalúa si es necesaria una modificación legal que prohíba expresamente esta simultaneidad de roles o, al menos, establezca mecanismos de incompatibilidad más claros.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Colonos del Uruguay, también han expresado su preocupación y han solicitado mayor transparencia en la gestión del INC. “Este debate no es solo legal, sino ético. El sistema de colonización debe ser percibido como justo y equitativo por todos los actores”, señalaron en un comunicado.
Mientras tanto, el presidente del INC no ha hecho declaraciones públicas, pero se espera que comparezca en los próximos días ante la comisión parlamentaria para dar su versión de los hechos.
El debate promete continuar y podría abrir la puerta a una revisión más profunda del marco legal que regula el acceso a la tierra y la gobernanza de uno de los institutos más emblemáticos del país rural.
