El complejo sojero global está atravesando una transformación estructural profunda. El fuerte incremento en la demanda de aceite de soja para la producción de combustibles renovables ya está impactando en las cotizaciones internacionales, un fenómeno que promete redibujar el mapa del comercio agrícola y abrir un abanico de nuevas oportunidades para la región, con especial foco en Argentina.
Al cierre del primer semestre del año, los análisis de mercado buscan separar los factores coyunturales de los cambios de fondo. Mientras que el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio acaparó la atención global e introdujo una fuerte volatilidad en las materias primas y en los costos del transporte marítimo, el aceite de soja ya consolidaba una tendencia alcista propia. Entre enero y los primeros días de febrero, este subproducto ya acumulaba una suba cercana al 13%.
El cambio de matriz está impulsado por la actualización de dos normativas clave en los Estados Unidos: la Norma de Combustibles Renovables (RFS) de la EPA y el Crédito Fiscal 45Z (enmarcado en la Ley de Reducción de la Inflación). Los ejes centrales de este nuevo marco regulatorio incluyen:
- Mandatos récord de mezcla: La EPA estableció para 2026 y 2027 los volúmenes obligatorios de biocombustibles más altos de la historia, exigiendo un incremento superior al 60% en la producción de diésel renovable y biodiésel respecto a 2025.
- Transición al Crédito Fiscal 45Z: Se reemplazaron los subsidios fijos tradicionales por el Crédito para la Producción de Combustible Limpio (45Z), el cual otorga hasta USD 1.00 por galón en función de la reducción de la Intensidad de Carbono (CI) en el ciclo de vida del combustible.
- Restricciones geográficas severas: A partir de 2026, las directrices del crédito 45Z limitan el beneficio exclusivamente a materias primas cultivadas en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), excluyendo del subsidio federal a los insumos importados de otras regiones.
El mercado aún aguarda la letra chica de la norma, posibles exenciones para pequeñas refinerías y los métodos definitivos de valuación para la huella de carbono. Un modelo más punitivo elevaría aún más el valor de los créditos fiscales, mientras que uno más flexible podría deprimirlos. (Fuente Clarín Rural)