El conflicto laboral en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo sumó un nuevo capítulo de tensión tras el fracaso de las últimas instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Sindicato de Trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) mantienen activas las medidas de fuerza que restringen significativamente las actividades en el principal motor logístico de Uruguay.
El origen de la disputa radica en el estancamiento de las negociaciones para renovar el convenio colectivo, vencido desde mayo de este año. Los reclamos sindicales abarcan mejoras salariales, la implementación del nuevo sistema informático Navis N4, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y discrepancias en torno a la redacción de la denominada «Cláusula de Paz». Si bien el gremio aceptó fijar una guardia mínima para mantener los accesos abiertos de forma limitada, la empresa belga Katoen Natie, propietaria del 80% de la terminal, consideró que la medida es insuficiente para normalizar el flujo comercial.
El impacto logístico y económico de las movilizaciones comenzó a generar fuertes repercusiones en toda la cadena productiva nacional. Los transportistas de carga denunciaron demoras extremas de hasta 18 horas para el ingreso de camiones a la terminal portuaria, provocando congestiones kilométricas. Paralelamente, la parálisis obligó a compañías navieras multinacionales como Maersk Line a solicitar formalmente operar en los muelles públicos ante el bloqueo operativo. Desde el sector privado, las cámaras exportadoras y la Confederación de Cámaras Empresariales manifestaron su profunda preocupación por las pérdidas acumuladas y por el «daño reputacional» que podría desviar cargas de forma permanente hacia puertos de Argentina o Brasil.
