El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un ambicioso proyecto de ley enfocado en desregular los mercados, agilizar el funcionamiento del Estado y abaratar los costos estructurales del país. Según explicaron las autoridades, la iniciativa se plantea como una reforma clave para dinamizar la inversión y mejorar el bolsillo de los ciudadanos.
El primer bloque de la ley se concentra específicamente en aliviar la carga administrativa sobre las empresas y los ciudadanos. El capítulo destinado a reducir trámites para bajar costos y ahorrar tiempos introduce los siguientes cambios normativos:
- Sistemas unificados: Creación de registros centrales para evitar la duplicación de datos e inscripciones estatales.
- Silencios positivos: Fijación de plazos máximos de respuesta; si la administración pública no contesta a tiempo, el trámite se considerará aprobado automáticamente.
- Historial crediticio: Lanzamiento de una plataforma de información positiva para facilitar el acceso a avales financieros a los buenos pagadores.
- Autodespacho aduanero: Flexibilización del comercio exterior mediante un diseño elaborado junto a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.
- Notariado digital: Uso de firmas y documentos electrónicos para libros de sociedades y estados contables.
- Alivio en registros sanitarios: Extensión de la vigencia de 5 a 10 años, renovación vía declaración jurada y fin de las traducciones obligatorias al inglés o portugués.
- Habilitaciones simultáneas: Fin de la secuencialidad obligatoria; los privados podrán iniciar múltiples autorizaciones en paralelo para acelerar sus aperturas.
