Juan Parra, director de Conaprole evalúa el impacto de medidas gremiales en el sector lechero

El impacto económico y logístico provocado por el prolongado conflicto laboral en el Puerto de Montevideo ha escalado de manera determinante a la esfera política y gubernamental. Frente al estancamiento de las negociaciones entre los sindicatos y los operadores portuarios, el Parlamento de la República resolvió convocar de forma urgente a los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas para evaluar las pérdidas acumuladas y analizar las posibles vías de solución.

La citación de los titulares de ambas carteras busca determinar el alcance real de las interrupciones en el comercio exterior del país, así como definir si el Poder Ejecutivo tiene margen para intervenir directamente en las rondas de negociación que hasta el momento no han dado frutos.

La reacción de los sectores productivos no se ha hecho esperar. La agrupación Campo Unido emitió un duro comunicado en el que califica la situación de «insostenible» para la cadena agroindustrial y exportadora.

Desde la organización señalaron que miles de toneladas de producción nacional permanecen varadas o han debido ser desviadas hacia otros puertos de la región, lo que incrementa sustancialmente los costos fletes y pone en riesgo compromisos comerciales internacionales. Ante este panorama, Campo Unido formalizó el pedido al Gobierno para que declare la esencialidad de los servicios portuarios, asegurando el funcionamiento mínimo de la operativa operativa y frenando el desabastecimiento o la pérdida de cosechas.